Tras los fallos de la justicia de Estados Unidos que ordenaron a la Argentina entregar el 51% de sus acciones de YPF como parte de pago a los demandantes por la expropiación de la petrolera, Javier Milei adelantó que apelará la medida, a la vez que hay distintos caminos a seguir por las partes y por la jueza a cargo del litigio, Loretta Preska.

En principio, se espera que el Gobierno presente su recurso a través de la Procuración del Tesoro de la Nación dentro de los próximos 14 días, que es el plazo que fijó la titular de la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que el Estado nacional transfiera su participación en la empresa.

En ese marco, la Argentina solicitaría que se suspendan los efectos de la sentencia hasta que se resuelva su pedido y el caso avance en otras instancias, mientas que la magistrada podría pedir una garantía de pago a cambio.

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De todas formas, el país puede enviar las acciones de YPF exigidas a la cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon) y pedir que, en lugar de ser transferidas a los demandantes, permanezcan allí hasta que haya una respuesta a su reclamo.

Asimismo, Preska señaló en su resolución de este lunes que "la República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente". Una de las alternativas que mencionó fue la de "recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos" para ceder las acciones de la compañía.

Otra de las posibilidades planteadas por la jueza fueron "tomar medidas para cambiar la ley" y "cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes".

En tanto, Burford Capital -que junto a Eton Park es uno de los beneficiarios del fallo por USD 16.000 millones más intereses- busca convencer al Gobierno de que se siente a negociar a través de acciones como pedidos de embargos.

En paralelo a la medida a favor de esas firmas, la magistrada ordenó en las últimas horas que el Estado entregue las acciones en su poder de la petrolera a Bainbridge, que debe recibir USD 95 millones más intereses.

Además, aún resta resolver una apelación de Argentina al fallo de primera instancia de Preska para que se revea la sentencia, mientras que los fondos pretenden que se incluya a YPF como responsable de la estatización llevada a cabo en 2012.