El subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, debió renunciar luego de que se conociera que omitió declarar una cuenta con 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra. Sorpresivamente, es el primer funcionario que deja su cargo luego de verse envuelto en una denuncia de corrupción a pesar de tantos casos que han acechado al Gobierno Nacional. ¿Transparencia u oportunismo?

El oficialismo hizo campaña agitando la bandera de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, esta lucha jamás se vio reflejada en las múltiples situaciones que enfrentaron diversos miembros del gabinete e incluso el propio presidente: Panamá Papers, el Correo Argentino, el caso Arribas, las bolsas con dinero de Gabriela Michetti, la empleada en negro del ministro de Trabajo Triaca y el -hasta hace poco- más reciente, la offshore de Toto Caputo, entre tantos otros casos. Ninguno de ellos perdió el cargo, pero el subsecretario de Presidencia Díaz Gilligan, sí.

Poner la lupa sobre la transparencia tiene sus riesgos, sobre todo si no se predica con el ejemplo. El oficialismo quemaba con su lupa los bichitos de la oposición, con la delicadeza de un grupo de experimentados cirujanos, manipulaban minuciosamente la instalación de sus casos en los medios y juzgados para operarlos en cadena 24/7. Hasta que se empezaron a quemar las manos con el reflejo de su propio lupa. Peligros de la transparencia.

Un sector muy fuerte de la base electoral de Cambiemos reclama honestidad. Como así también se lo exigen los sectores menos importantes de la alianza gobernante. El caso de Díaz Gilligan le vino como anillo al dedo al Gobierno para ofrecer al joven funcionario en sacrificio y así pegarse una lavada de cara ante la fuerte caída de la imagen del Presidente. Algo que el laboratorio cambiemita ya creía superado.

Acaso un berretín, o más bien un fetiche por la evasión impositiva. Es imposible omitir el modus operandi de gran parte del Gobierno Nacional, una triste fijación por escaparle a los impuestos: cuentas afuera del país no declaradas, negocios de empresas ligadas al Gobierno con beneficios impositivos y hasta el insólito caso de un ministro de Trabajo que ¡empleaba en negro a su asistente personal durante años y estando inclusive ejerciendo la principal función pública que debe combatir este tipo de prácticas!

Ahora la pregunta central es: ¿por qué ante casos de omisión maliciosa tan similares como el de Díaz Gilligan y el de Luis Caputo, uno es separado de su cargo y mientras que el otro es ratificado? Por ahora solo se puede decir que el único brote verde que florece es el perejil de Díaz Gilligan.