Julio De Vido sumó ayer su segundo pedido de desafuero en una semana más que complicada para el ex ministro de Planificación Federal. Claudio Bonadio ordenó la prisión preventiva junto con el procesamiento por "defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta”.

Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, al no tener fueros, quedó inmediatamente detenido. Hoy llegará a Comodoro Py y después será trasladado al penal federal de Marcos Paz, donde ingresará  al sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC). 

No sólo De Vido y Baratta fueron procesados: 23 personas más están mencionadas en esta resolución de 269 páginas con la que agitó el fin de la semana judicial y electoral pero a ninguna de ellas les dictó la prisión preventiva. Bonadio sorprendió: la causa es más que nada "administrativa” pero fue una forma de inaugurar el "protocolo” que marcó la Cámara Federal el martes sobre ex funcionarios, causas de corrupción y libertad. 

¿De qué se los acusa?

Para el juez, participaron de una "maniobra defraudatoria” llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal”. 232 barcos ingresaron al puerto de Bahía Blanca con Gas Natural Licuado (GNL) y 265 al de Escobar pero con esa maniobra se habría generado un perjuicio de casi 7 mil millones de dólares.

¿Quiénes son los otros procesados?

El ex secretario de Energía Daniel Cameron; el ministro de Obras Públicas durante el menemismo, Roberto Dromi (que actuaba como asesor junto a su hijo) son algunos de los nombres más conocidos. José Ramón Granero, ex titular de SEDRONAR, procesado además por tráfico de efedrina, está señalado en esta causa por su labor como director en ENARSA. Los 25 tienen un embargo por mil millones de pesos y una prohibición de salida del país.

¿Qué pasará ahora con De Vido?

El destino del ex ministro se definirá la próxima semana en el Congreso. El oficialismo asegura tener los números para lograr el desafuero, lo que implicaría la inmediata detención de De Vido. Es más, el juez Luis Rodríguez ya alertó al Ministerio de Seguridad para que el procedimiento sea al instante.

El 28 de noviembre está citado a indagatoria por la causa que generó el primer pedido de desafuero: el desvío de casi 265 millones de pesos en el marco de un proceso de modernización de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Además, sigue su juicio por la Tragedia de Once, que se extenderá por lo menos hasta el primer semestre de 2018.