Debate legal, seguro y gratuito

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El lunes 19 de febrero las mujeres salieron a la calle. Con un “pañuelazo” se plantaron delante del Congreso y pidieron que, de una vez por todas, se discuta el proyecto legislativo de legalización del aborto. Un pedido unificado para que por fin se plantee un debate al respecto de un tema de salud pública.

Al día siguiente, en el marco de la reunión de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, se acordó que el 6 de marzo se presentará -otra vez- el proyecto encabezado por las firmas de las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Mónica Macha (Unidad Ciudadana) y Romina Del Pla (Frente de Izquierda). Y el 8, mientras se lleve a cabo otro paro de mujeres, se espera poder discutirlo en el recinto, si se consigue el quórum necesario.

Durante el primer encuentro del año de coordinación de la agenda parlamentaria, Marcos Peña le comunicó a los jefes de bloque de Cambiemos que el Gobierno no va a obstaculizar la discusión y le dio libertad de acción a los legisladores.

Sí, el Gobierno les dio vía libre. Pero el debate lo habilitaron las mujeres. Pusieron en el centro de la agenda social, política y, ahora, legislativa una discusión que se venía postergando por el temor, la ignorancia y las mezquindades de una dirigencia que no asumió su rol de representantes.

El debate lo habilitaron las mujeres. Pusieron en el centro de la agenda social, política y, ahora, legislativa una discusión que se venía postergando

“No está en agenda”, “la sociedad no está lista”, “no es un tema de mayorías”. El kirchnerismo, que supo poner en el centro de la agenda parlamentaria temas que no se presentaban como mayoritarios en términos mediáticos o discursivos, dejó de lado la posibilidad de ampliar la base de derechos. La ley de identidad de género, el matrimonio igualitario y la Ley de Educación Sexual Integral fueron el puntapié inicial para una discusión que dejaron inconclusa.

Porque mujer funcionaria no equivale a gestión con perspectiva de género. Cristina Fernández de Kirchner manifestó más de una vez su oposición a la legalización del aborto y el debate quedó clausurado. En términos de dinámica política del peronismo, es imposible negar la importancia que tenía que una dirigente de su talla decidiera impulsar (o no) el tratamiento legislativo del tema.

El Frente Para la Victoria perdió una oportunidad histórica de ponerse al frente de la discusión de un tema de salud pública, sacarle el peso subjetivo que implica, dar un debate basado en las propias estadísticas oficiales (acotadas, claro, por el marco de clandestinidad) y poniendo el eje en el aspecto central de esta problemática.

Los últimos datos corresponden al 2016, cuando el Ministerio de Salud de la Nación informó que murieron 245 mujeres embarazadas. El 17,6% de las muertes fueron por embarazos terminados en aborto, lo que lo posiciona como “la principal causa individual de la mortalidad materna” en nuestro país.

El FPV perdió una oportunidad histórica de ponerse al frente de la discusión de un tema de salud pública.

Y porque la única verdad es la realidad: hoy, hay mujeres que mueren por tener que someterse a prácticas en condiciones clandestinas. Hoy, el Estado las abandona. Estar a favor de la vida y permitir que siga pasando, no sólo es una contradicción, sino que también es irresponsabilidad e hipocresía.

Aunque desde Cambiemos manifestaron que su decisión es respetar la agenda parlamentaria -no habilitarían la discusión en una sesión especial el 8 de marzo para respetar el debate en comisiones- la libertad de acción para los legisladores ya está planteada.

El desafío está en que la iniciativa avance en un plenario de comisiones, donde no se dilate el tratamiento ni se extienda la discusión a otros temas que parecieran estar relacionados, pero que sólo sirven para postergar lo urgente e importante.

Ahora, es el movimiento de mujeres el que nuevamente va a tener que empujar la marea para el lado de la ampliación de derechos y presionar para que se de el debate en donde siempre debería haber estado. A la dirigencia política le va a tocar reconocer que tenemos un problema de salud pública y que es su responsabilidad darle un marco legal, seguro y gratuito.