De los agravios verbales a la estrategia legal en el Congreso: los próximos pasos del Gobierno ante el fallo de la Corte

Ya se trabaja en un proyecto de ley para darle mayores atribuciones al presidente.
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Después de conocer el fallo de la Corte Suprema que avaló la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del reclamo por las clases presenciales, el gobierno nacional envió sus reacciones de rechazo por medio de redes sociales y declaraciones. Ahora, sus próximos pasos al respecto serán legales y formales en busca de refutar la posición de la gestión porteña y conseguir apoyo para un proyecto de ley que le dé mayores atribuciones a Alberto Fernández a la hora de tomar medidas restrictivas. 

Por medio del escrito que reflejó la respuesta oficial de la Casa Rosada, el oficialismo dejó las primeras señales del camino a seguir: “El Gobierno nacional ha comunicado que, en los próximos días, enviará al Congreso Nacional, para su consideración, una ley marco para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. ¿A qué se refiere? A una iniciativa que fije parámetros incuestionables a la hora de que el Poder Ejecutivo tome decisiones que conciernen a la pandemia, como la suspensión del dictado de clases. A sabiendas de que no será fácil rescatar el apoyo y los votos necesarios para que la ley salga, ya se tendieron puentes con gobernadores y opositores. 

En el mismo plano, además, esta semana el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se reunió con sus pares de todo el país en el Consejo Federal de Educación. Allí se estableció, entre otras cosas, que si bien cada jurisdicción tiene la potestad de abrir o no las escuelas, los parámetros epidemiológicos pueden ser un motivo para cerrarlas. A favor de esta medida votaron todas las provincias menos Mendoza y CABA, las más reacias a suspender las clases. Sin embargo, las conclusiones del consejo se aprueban por mayoría, por lo que el oficialismo se anotó un triunfo, y entiende que los rebeldes deben acatar una decisión que fue consensuada ante sus ojos.

En otros pasillos del Congreso también se gestará, desde este miércoles, otra de las estrategias del Gobierno para aminorar su derrota en la Corte. La Comisión Bicameral del Congreso, presidida por el diputado oficialista Marcos Cleri, tratará el último decreto presidencial que extendió las restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país. La idea es emitir un dictamen favorable y darle impulso a una sanción del Senado. De esa manera, las medidas restrictivas contarían con apoyo legislativo. La comisión está formada por nueve diputados oficialistas y siete opositores, por lo que hay una mayoría garantizada para el dictamen. 

En ese orden de cosas, la vigencia del DNU es otro de los puntos que remarcan en Balcarce 50 a la hora de cuestionar a la Corte. Es que consideran que el máximo tribunal se expidió en su fallo sobre el decreto anterior, que venció el pasado viernes y ya no tiene asidero. 

De esta manera, la estrategia oficial pasó de la beligerancia verbal a la estrategia legal. Habrá que ver si  tiene éxito, con un fallo de la Corte que, institucionalmente, representa la última palabra inapelable.