De la “emergencia solidaria” a la campaña de vacunación: un año de Alberto (signado por la crisis y la pandemia)

A 12 meses de la asunción del presidente, el Gobierno intenta recobrar la iniciativa surcado por el desgaste del impacto de la recesión económica y las ¿internas? en la coalición oficial.
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Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019 con una Plaza de Mayo colmada de manifestantes que recibieron con gran expectativa la llegada de un nuevo gobierno, luego de cuatro años de macrismo que no alcanzaron los objetivos prometidos y dejaron al país en una situación crítica. Inauguró también una experiencia novedosa en el país con un gobierno de coalición de las distintas fracciones del peronismo que todavía debía ser contrastada con la realidad de la gestión.

Con ese respaldo y una oposición débil por la reciente salida del poder, el oficialismo promovió un paquete de medidas para comenzar a ordenar el rumbo de su administración. La llamada Ley de Solidaridad, considerada de emergencia, que suspendió la fórmula jubilatoria de Cambiemos e incorporó el impuesto PAÍS a la compra del dólar fue planteada como un paso para comenzar a ordenar la economía.

La negociación con los fondos privados como BlackRock, Templeton y Pimco por la deuda externa fue el centro de la política económica oficial como parte de esa normalización de la situación económica. Esta iniciativa, que era necesaria desde el punto de vista de la inviabilidad del cronograma de vencimientos que existía, se extendió varios meses más de lo previsto inicialmente por el gobierno y, como toda negociación, planteó ceder en mayores concesiones.

Mientras se daba la negociación, llegó la pandemia del coronavirus que impactó en todo el mundo y alteró todos los pergaminos de los gobiernos. El acuerdo finalmente se logró a principios de agosto y, si bien fue un alivio para el jefe de Estado en tanto despejó el camino de pago de intereses para los próximos años, el oficialismo no lo pudo capitalizar como lo había pensado y fue un triunfo que se evaporó rápidamente de la agenda.

El año del coronavirus (y de la crisis)

Por supuesto, indiscutiblemente el eje del año estuvo puesto en la batalla contra la expansión del coronavirus que a partir de marzo fue el ordenador de la vida social del país. La cuarentena preventiva dictada el 20 de marzo -ASPO- fue recibida inicialmente con un amplio respaldo social y fue durante esos primeros meses de la pandemia que el presidente gozó de uno de sus mayores índices de aprobación, que algunas consultoras ubican entre el 70 y el 80% de imagen positiva.

Esa política sanitaria cumplió sus objetivos en el primer periodo porque permitió contener la curva de contagios mientras se ganaba tiempo para la ampliación de las camas de terapia intensiva para evitar un colapso sanitario. Sin embargo, el parate total de la actividad económica de forma tan prolongada naturalmente trajo un fuerte impacto recesivo con una caída del PBI que este año estará entre el 9 y el 12%, de acuerdo a distintas estimaciones.

Frente a la agudización de la contracción en la actividad de la cual el país ya venía los últimos dos años, el Gobierno anunció un paquete de medidas como el IFE y los ATP que eran correctos pero que, en particular en el primer caso, su impacto quedó diluido por un monto modesto y aplicado cada dos meses para finalmente levantarlo a fin de año.

A pesar de las herramientas paliativas que propuso el oficialismo, la pobreza hoy se encuentra entre el 40 y el 44% de la población, con un índice todavía más elevado entre los niños. A su vez, la inflación que había estado mayormente contenida a lo largo del año, viene con una espiralización alimentada por el descongelamiento de los precios de los alimentos, las naftas y las tarifas que ponen en tensión las metas inflacionarias del plan Guzmán.

Sin embargo, el talón de Aquiles del Gobierno en este primer tramo de mandato fue el dólar con una escalada del paralelo que llegó a rozar los 200 pesos y una brecha cambiaria que tocó el 120% y que aún hoy se mantiene alta. El reforzamiento del cepo cambiario en septiembre agregó mayor presión a la división y, especialmente, no sirvió para frenar la merma de reservas del Banco Central que registra una pérdida de más de 3 mil millones de dólares en los últimos tres meses. La estabilización se alcanzó a un costo alto como fue la colocación masiva de letras y bonos atados al valor del dólar que funciona, en los hechos, como un “seguro contra la devaluación” que podría tener un riesgoso desenlace para el país.

Ante la situación crítica de la economía, el Frente de Todos ahora vuelve a poner en el centro las negociaciones por la deuda pública externa, ahora con el FMI y la expectativa de alcanzar un acuerdo que le permita terminar de despejar el horizonte de vencimiento de los próximos años. No obstante, eso implica a su vez avanzar en medidas de “austeridad” como el recorte del déficit a la mitad, la reducción de la emisión monetaria para el financiamiento y otras medidas lejos de las expectativas populares como la nueva fórmula de jubilaciones que no devuelve el poder adquisitivo perdido por la clase pasiva en los últimos años (y que presentó cortocircuitos entre el Ejecutivo y el Senado).

En simultáneo, la política sanitaria que había sido inicialmente un acierto se mantuvo con rigidez sin contemplar el desgaste social y la presión para reanudar la actividad económica. El gobierno terminó pasando del ASPO al DISPO pero tardíamente, cuando ya era una situación de hecho. Se pasó de las conferencias de prensa con el mandatario a la cabeza a delegar en forma casi clandestina la gestión sanitaria a cada distrito. Y si bien los contagios fueron cediendo, especialmente en el AMBA, la cifra de muertos superó los 40 mil, muy lejos de las aspiraciones de los primeros meses y, peor aún, llegó sin un pronunciamiento oficial al respecto.

El gobierno ahora apuesta a desplegar una campaña de vacunación inédita que alcance a millones de personas en pocos meses y le permita contener y frenar la segunda ola que todos los especialistas anticipan como inevitable. De la mano de esta ambiciosa puesta, el Presupuesto 2021 augura un rebote de la actividad económica con un crecimiento del 5,5% que, incluso, podría ser superior. Dependerá de la capacidad de Guzmán de cerrar el acuerdo con el FMI y terminar de seducir a los empresarios y que los productores liquiden la cosecha. Bajo estas dos variables el oficialismo espera poder contar con chances para poder revalidarse en las elecciones legislativas del año próximo.

A su vez, a lo largo de este primer año, hubo algunos puntos de inflexión para el Gobierno como la fallida intervención sobre Vicentín, la revuelta policial en la Provincia de Buenos Aires que llegó a cerca la Quinta de Olivos -y cuya resolución con el traspaso de fondos de CABA a Provincia llevó al mandatario a tener que romper lazos con el jefe de Gobierno porteño- o los recientes incidentes durante el velatorio de Maradona que golpearon sobre la gestión del Presidente.

Una política regional (y una coalición) inestables

Alberto Fernández tuvo que afrontar, a diferencia de su predecesor Néstor Kirchner, un escenario regional dominado por gobiernos de un signo político adverso y con grandes dificultades para poder tejer alianzas y desplegar un papel protagónico en ese plano.

Sin embargo, la victoria de Luis Arce en Bolivia y la derrota de Trump le dieron aire al Jefe de Estado, que asumirá en poco tiempo la presidente pro tempore del Mercosur. A pesar de esto, los límites que encontró el oficialismo fueron una marca que se repitió a lo largo de sus primeros doces meses de mandato: las tensiones y contradicciones internas de la coalición gobernante, y los cruces entre Alberto y Cristina cada vez más crecientes.

La vice llegó a publicar una carta donde señaló que, en el gobierno, había “funcionarios que no funcionan” y poco después, la ministra de Habitat y Desarrollo, María Eugenia Bielsa, fue reemplazada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, afín a CFK. La última carta apuntó contra la Corte Suprema, pero es inevitable preguntar si será un tiro por elevación a la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

A su vez, mientras el ministro Martín Guzmán despliega una política de acercamiento a la Asociación de Empresarios Argentina (AEA), que reúne a los principales holdings del país, el kirchnerismo impulsó el impuesto a las grandes fortunas y una ley que impide modificar el uso de los campos que hayan sufrido incendios, ambas iniciativas duramente cuestionadas por el arco productivo.

A esto se suman las rencillas judiciales como el estancamiento de la reforma judicial y, especialmente, los contrapuntos respecto del Procurador de la Nación. El presidente propuso para ese lugar al juez Daniel Rafecas pero la vicepresidente optó por darle prioridad a la modificación de la elección del jefe de los fiscales, lo cual presentó el rechazo de la oposición. Hay quienes apuntan, asimismo, que desde el kirchnerismo se alienta un enfrentamiento abierto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, contra una visión más conciliadora de AF. El discurso de Máximo al momento de la votación en Diputados por el recorte de fondos a la Ciudad puede leerse en ese sentido. 

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Además de los cambios en el Senado a la reforma previsional y la carta del bloque de senadores al FMI durante su visita al país, en la última semana, se advierte el freno que el kirchnerismo puso a la iniciativa del presidente y gobernadores de suspender las PASO del año que viene.

Por supuesto, los contrapuntos entre el presidente y su vice son solo la punta del iceberg de una larga lista de discusiones internas que tienen, por ejemplo, a Venezuela en el ojo de la tormenta, con sectores que califican a Maduro como un dictador y otros que viajan a respaldarlo en las elecciones, o en el tema de la seguridad, donde Berni se encuentra más cerca de Santilli que de Frederic. No hay que olvidar tampoco las rencillas e idas y vueltas entre Guzmán y Pesce que se prolongaron en momentos críticos o la incursión de Grabois en un campo de la familia Etchevehere en Entre Ríos mientras crece la toma de tierras en el país mientras intendentes del Frente de Todos pedías poner un freno a la toma de tierras.

El último de estos episodios fue la ¿confesión? del canciller Felipe Solá en una entrevista pública que el diálogo entre AF y el presidente electo de EEUU, Joe Biden, había incluido un intercambio sobre el director norteamericano en el organismo (y su remoción). Los dichos del funcionarios despertaron la censura de Guzmán y Sergio Chodos, que hicieron desmentir esta versión en los medios.

Así, la suerte del Gobierno para los próximos tres años, más que la vacuna o la economía, como balance de estos primeros doce meses de gestión, deja la cuestión de que los debates y disputas internas no dinamiten las iniciativas políticas del presidente. Un aspecto que todavía parece lejos de resolverse.