Cuáles son los dos proyectos de ley que buscan la paridad de género en medios, empresas y sociedades del Estado

La igualdad de oportunidades tiene protagonismo en la agenda de Diputados.
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La Cámara de Diputados tratará esta tarde en comisiones dos proyectos de ley que promueven terminar con la desigualdad de género para acceder a cargos públicos. Las iniciativas establecen regímenes de paridad en las empresas y sociedades del Estado, y en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva.

A las 15hs. se realizará una videoconferencia conjunta de las comisiones de Mujeres y Diversidad, y de Comunicaciones e Informática para tratar el proyecto de ley en revisión sobre paridad de género en los medios de comunicación. El Senado le dio media sanción a la propuesta el mes pasado.

Recién a las 18hs. se reunirán las comisiones de Mujeres y Diversidad y la de Legislación General, para reglamentar el régimen de paridad de género en las empresas y sociedades del Estado.

La Cámara de Diputados. FOTO NA

1. Más mujeres en los medios

El proyecto de paridad de género en los medios de comunicación públicos recibió el apoyo unánime de los senadores. Ahora será el turno de que las comisiones de Diputados lo analicen. A su vez, el Colectivo de Periodistas Argentinas, nuclea alrededor de 200 periodistas de distintos medios, y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren), avalaron la iniciativa.

La propuesta alcanza a los servicios de gestión estatal bajo la esfera de Radio y Televisión Argentina SE, Contenidos Públicos SE, Télam SE, y todo otro servicio de comunicación del Estado Nacional que se cree luego de la sanción de esta ley.

Además, la iniciativa establece que los medios privados que obtengan el certificado de equidad en la representación de los géneros, tendrán preferencia en la asignación de publicidad oficial.

“El objetivo de esta ley es erradicar los estereotipos machistas y patriarcales en los medios”, expresó la senadora oficialista y presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, al comienzo de su intervención. Y aclaró que se busca que “las mujeres y las personas trans queden representadas en los medios de comunicación”.

El proyecto determina que se deberá “garantizar una representación de personas travestis, transexuales, transgénero e intersex en una proporción no inferior al 1% de la totalidad del personal”. La disposición sigue la línea que estableció el Poder Ejecutivo nacional respecto al cupo laboral trans en organismos públicos.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de los responsables de los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal habilitará sanciones, llamados de atención y apercibimientos.

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2. Más mujeres en empresas y sociedades estatales

Diputados intentará lograr dictamen para que los directorios de las empresas y sociedades del Estado Nacional, y en los entes en los que exista una participación estatal mayoritaria, garanticen la paridad de género.

Los hombres no podrán superar en más de uno la cantidad de integrantes mujeres en los directores. A su vez, la medida no debe alterar el número de miembros de la conducción de la firma. También se deberán promover políticas de igualdad de género, previstas en los “Principios para el Empoderamiento de las Mujeres” promovido por ONU Mujeres y Pacto Global de las Naciones Unidas.

Los derechos que se deben garantizar son “igualdad salarial estricta, en conformidad al principio constitucional de igual remuneración por igual tarea e igualdad de trato entre varones y mujeres”. Además se deben asegurar la educación, formación y desarrollo en políticas de género.

Paridad de género en empresas y sociedades estatales

Asimismo, el incumplimiento total o parcial de la norma “por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”.

Además, se estableció un plazo de dos años tras la sanción de la ley para poder adecuar los directorios a la paridad. La iniciativa se aplicará a las empresas y sociedades del Estado, a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, a las sociedades de economía mixta y otras organizaciones empresariales con participación mayoritaria del Estado Nacional en el capital.