Cuadernos: el rol de los empresarios, los procesamientos de Bonadio y el futuro del juicio

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La feria judicial de invierno de 2018 había sido tranquila. Sin grandes inconvenientes ni sorpresas. El 1º de agosto esa tranquilidad se rompió y se convirtió en un tsunami de detenciones, procesamientos, arrepentidos y cuestionamientos políticos y jurídicos que sorprendieron hasta a los más viejos dentro de Comodoro Py.

Las revelaciones de Oscar Centeno, el chofer del ex funcionario Roberto Baratta, se desplegaron en varios cuadernos, entregados primero a un periodista de La Nación y fotocopiados luego para ser incorporados al expediente que llevarían adelante Carlos Stornelli y Claudio Bonadio.

Más de 175 indagados más tarde, la causa está a punto de ser elevada parcialmente a juicio oral. ¿Qué significa esto? El expediente se abrió tanto que hay personas que aún no tienen un procesamiento firme pero otras, como Cristina Fernández de Kirchner, tienen varios que si lo están.

Para evitar lo que Bonadio describió como “dilaciones innecesarias o consideraciones extrajurídicas”, el juez decidió mandar “para arriba” lo que ya estuviera en condiciones de atravesar un debate oral y público.

En definitiva, Bonadio resumió la causa de los cuadernos como “una matriz de corrupción desplegada entre 2003 y 2015 por los funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal y por los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional de ese período”. Una maniobra, según sus palabras, compleja, organizada, planificada y ejecutada por los máximos funcionarios políticos.

El fiscal Stornelli (cuestionadísimo desde la aparición de la causa D’Alessio) ya pidió que todo vaya a juicio y sostuvo que la maniobra de los bolsos con plata saliendo de empresas y entrando a Olivos y al departamento del matrimonio presidencial tuvo como finalidad “enriquecerse ilegalmente a través de un sistema de recaudación de fondos”.

Las pruebas y los arrepentidos

La causa de los cuadernos se sostuvo, inicialmente, en lo que se podía corroborar de los escritos que el chofer Centeno escribió. Direcciones de las empresas que supuestamente pagaron las coimas, posibles comunicaciones telefónicas de Baratta, detalles de conversaciones, pequeños indicios que le daban verosimilitud a ese relato que Centeno reiteró en el juzgado.

En ese momento, comenzó el festival de los arrepentidos. Sancionada la ley por el oficialismo, aquí su aplicación fue clave aunque todavía quede mucho camino por recorrer. Los empresarios tomaron el arrepentimiento como la forma de escapar de la prisión. La primera tanda habló de situaciones forzadas, de exigencias del Poder Ejecutivo.

El rol de víctimas dentro del esquema. Uno de los que aplicó esto fue el primo presidencial Ángelo Calcaterra, procesado finalmente por cohecho. Otros admitieron después haber pagado coaccionados o que eran presionados para aportar a las campañas políticas.

El cohecho es lo que comúnmente se conoce como “la coima”. Al principio, Bonadio había considerado a funcionarios y empresarios como personajes dentro de la misma asociación ilícita: Cristina como jefa, Julio De Vido como organizador y los hombres de negocios como miembros. A la Cámara Federal le pareció demasiado. Aunque respaldó mucho de lo investigado y planteado por el juez, aquí hizo la diferencia y dejó a los empresarios en el rol de pagadores y no de socios. Nadie se imaginaba a Calcaterra, a Juan Carlos De Goycoechea o a Aldo Roggio bajo las órdenes de la ex presidenta.

Con el año cumplido, y todo de acuerdo a lo que dice la ley, las declaraciones de los arrepentidos deberían comenzar a verificarse. Si no se lograra comprobar su autenticidad, tendría que terminar todo en diversas causas por falso testimonio.

Los que caminan Comodoro Py coinciden en que Cuadernos se desinfló ante otras causas y un contexto político distinto al de 2018. Los años de elecciones suelen desinflar la actividad judicial, aunque eso no va a impedir que un sorteo determine a cuál de los ocho tribunales orales federales le tocará desenmarañar esta trama de corrupción. Un mega-juicio que tendrá, como mínimo, 47 imputados y que los más optimistas calculan que empezará a fines del año que viene.

El rol de la candidata a vicepresidenta

Cristina está enfrentada hace años a Bonadio, a pesar de la buena relación que el magistrado y el kirchnerismo tenían al comienzo del mandato de Néstor Kirchner. Hace más de siete años que el vínculo está roto y fue el juez quién llamó por primera vez a indagatoria a la actual senadora y quién pidió el desafuero para detenerla.

Para Bonadio, está claro que Cristina ordenó, primero junto a Néstor, luego sola, que se recolectara dinero ilegal conseguido vía empresarios relacionados con la obra pública. La ex presidenta siempre lo negó y se dedicó a hacer hincapié en cada una de los puntos flojos de la causa: que nunca aparecieron los cuadernos originales; el hecho de no haber corroborado el testimonio de los arrepentidos con más pruebas; las detenciones a mansalva.

Procesada, con un pedido de desafuero vigente, Cristina pidió que todo sea llevado lo más pronto a juicio oral. Considera que sacar parte de la investigación de las manos de Bonadio es casi un “barajar y dar de nuevo”. Un Tribunal no es lo mismo que un solo juez y más cuando se tiene que preparar un juicio de estas características, con las complicaciones y demoras que puede traer.

Lo que todavía no sabemos

Nada de todo lo que se habló hasta el momento está probado. Nada. La investigación de una causa es el período donde se recolectan pruebas directas, indirectas e indicios sobre la comisión de un delito. Hay cuestiones que pueden tener mayor o menor verosimilitud pero aún no se puede hablar de responsabilidades comprobadas.

En cuadernos, las pruebas directas se concatenan en los relatos similares de los empresarios. Las notas de reuniones, las direcciones que coinciden. De acuerdo a la ley, para que esos testimonios sean tenidos en cuenta como un aporte, deben corroborarse con otras pruebas. Allí, se dificulta la cuestión.

La otra gran pregunta que gira alrededor de todo es dónde está todo el dinero que durante años dijo haber trasladado Centeno. Ni siquiera todo lo embargado a la familia del fallecido ex secretario Daniel Muñoz parece cubrir siquiera un 20% de ello.

¿Dónde está el dinero de las coimas? ¿Puede condenarse a alguien si no está claro si efectivamente se recibió un dinero que nadie sabe hacia adónde fue o dónde está? ¿Qué sucedió con las auditorías a las obras cuestionadas? ¿Cómo fue el circuito financiero de la maniobra?

Cristina es, ante los ojos del procesamiento dictado por Bonadio y confirmado por la Cámara, la organizadora de todo. ¿En cuántas conversaciones directas aparece? ¿Hay videos, archivos, documentos que la relacionen directamente con las maniobras? ¿Podía no saber? Y si sabía o sospechaba, ¿alcanza eso para una condena ejemplar como se reclama desde ciertos sectores? “Cristina no está mencionada en los cuadernos, por lo menos en el circuito de recaudación”, dijo Stornelli hace algunos meses.

El ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens son dos de las piezas claves que deberán ratificar en un juicio sus dichos sobre cómo funcionaba la cartelización de la obra pública y qué rol tenían cada uno de los implicados.

José López, luego de su condena por los bolsos del convento, quedó en una situación extraña. En el expediente de los casi nueve millones de dólares, aseguró que ese dinero no le pertenecía sino que era de Cristina y que se lo había entregado horas un secretario suyo. Sin embargo, a López lo condenaron directamente por enriquecimiento ilícito, es decir, consideraron que esa plata le pertenecía y que no podía justificarla.

A un año del estado público y con parte de la causa encaminada hacia el juicio, faltan aún muchas piezas dentro del rompecabezas. La decisión de un tribunal se hará esperar y nadie tiene en claro qué rol le cabrá a los empresarios y si habrá una condena para ellos, para los funcionarios, para ambos o para ninguno. Al fin y al cabo, ya lo resumió un antiguo fiscal federal: no todas las investigaciones periodísticas son material de condena.