Coparticipación, clases y especulación: la Corte le marca los tiempos (y la cancha) a la política

El máximo tribunal concentra las miradas.
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La tensión entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta ha llegado en los últimos días a niveles pocas veces vistos, y se ha trasladado a la sociedad. Irónicamente, los temas a resolver ya no están en sus manos, al haberle dado intervención a la Justicia. Por eso, todas las miradas están posadas en la Corte Suprema y en las decisiones que debe tomar en las próximas jornadas sobre dos temas que dominan la opinión pública: las clases presenciales y la coparticipación.

Coparticipación

Para este miércoles los magistrados agendaron una reunión conciliatoria entre los abogados de Nación y CABA, con la idea de resolver el largo drama de la coparticipación. En septiembre de 2020 Fernández anunció que, tras las protestas policiales en la Quinta de Olivos, se le recortarían $65.000 millones a la Capital, en pos de reponer salarios y robustecer arcas de seguridad. Enseguida, la gestión de Larreta acudió a la Corte, y la resolución se sigue diagramando.

El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini -un histórico alfil del kirchnerismo-, le solicitó al máximo tribunal que descarte el planteo del gobierno porteño, ya que considera que no tiene competencia para llevar a cabo esta acción. Además, en ese tono, planteó que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia, conforme lo exige la norma”. Sin embargo, los supremos no hicieron lugar y la audiencia se sostuvo.

Zannini reclamó que más de una vez el Gobierno intentó, sin éxito, entablar diálogos con la gestión de la Ciudad para apaciguar el problema de la coparticipación, y avisó que no se presentaría al encuentro.

Clases presenciales

Esta semana hubo un intenso vaivén que escaló al enfrentamiento entre Nación y Ciudad a niveles más vehementes. Ni bien Fernández decretó la suspensión de las clases presenciales por la segunda ola de coronavirus, el equipo de Larreta trabajó una presentación ante la Corte. Luego, dos fallos agitaron sonrisas y lamentos. Primero, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad dio el visto bueno para que abran las escuelas; menos de dos días después, la Justicia Federal solicitó lo contrario.

Mediante un comunicado el gobierno porteño ratificó, sin embargo, la continuidad del ciclo lectivo presencial “hasta tanto el conflicto sea resuelto de forma definitiva por la Corte”. Así, nuevamente, la pelota quedó a los pies de los jueces supremos.

En este caso, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz se encuentran trabajando su voto por separado, mientras que Elena Highton se abstuvo de participar. Por el momento no se reunieron en conjunto para decidir o conversar. Se encuentran a la espera de la réplica del gobierno nacional -que tiene tiempo hasta el lunes- la cual llamativamente se demora en llegar. “La fundamentación que presentaremos en la Justicia es lo mismo que dice el DNU: priorizar la salud, y poner en valor, en jerarquía, el riesgo colectivo”, adelantó esta mañana la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

De esta manera la Corte se ve obligada a actuar rápido, ya que hasta que no dé su última palabra, cualquier cosa podría pasar, en un ambiente de crispación en alza. Es extraño el papel que le toca esta vez: hasta hace pocos días era, para el Gobierno, el símbolo de un Poder Judicial desacreditado y mal visto. Ahora, tiene en sus manos su salvación.