Contaminación, el reclamo de los vecinos y audiencia en la Corte Suprema: el flagelo del Riachuelo, diez años después

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“Resulta imposible establecer una fecha precisa para el cumplimiento total de la sentencia”. Después de que le preguntaran más de tres veces desde el estrado, a Dorina Bonetti, la titular de la Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) no le quedó otra que mostrar las deficiencias que atraviesa el proceso de limpieza y mejora de las condiciones de vida de aquellas familias que viven a la vera del Riachuelo.

Las personas que preguntaban no lo hacían por mera curiosidad sino que se trataba de los que hace casi diez años dictaron la sentencia que hace foco en la contaminación del Riachuelo. En la audiencia que se realizó ayer, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda pudieron comprobar los pocos avances en el proceso. También estuvieron Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que, si bien son nuevos, fueron bastante duros con los funcionarios que estuvieron en el Palacio.

A la cita no sólo fue invitada la titular de ACUMAR sino también los responsables por parte de Nación, Provincia y Ciudad. Los tres Ejecutivos son los encargados junto al organismo de encarar el proceso de limpieza. Lo que quedó cristalizado en la audiencia es que los avances son escasos.

La causa Mendoza fue uno de los hitos de la Corte Suprema gestión 2003-2014. Allí, el 8 de julio de 2008, ordenaron recomponer el daño ambiental de la cuenca del Riachuelo, prevenir nuevos inconvenientes y, fundamentalmente, mejorar la calidad de vida de aquellos que viven allí. Durante este tiempo, los supremos realizaron audiencias públicas periódicamente para informarse sobre el cumplimiento de su fallo.

Las preguntas que hicieron mostraron el descontento que tienen con respecto a las tareas que llevan adelante los gobiernos nacional, provincial y de la Ciudad. A Lorenzetti se lo vio molesto, Maqueda fue bastante insistente y Highton se mostró preocupada por la situación de los chicos que tienen que convivir rodeados de basura, lo que les genera diferentes enfermedades en la piel y en las vías respiratorias.

Los principales cuestionamientos

Según un informe que elaboró el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, de las 2084 familias que deben ser relocalizadas por la liberación del Camino de Sirga, 1265 aún esperan serlo. Esto representa que un 65% todavía está en
ese limbo de incumplimiento del Estado.

La villa 21-24 lleva más de dos años sin relocalizaciones. A este panorama se le suma que sólo se repararon ocho de las cientos de viviendas que necesitan arreglos de manera urgente. En esa misma línea, en los asentamientos Magaldi y Pueblito no hay relocalizaciones de familias desde 2011 y en el barrio Lamadrid ni siquiera está definido el plan para hacerlas.

Tampoco están planeadas con fecha exacta las urbanizaciones y relocalizaciones que están pendientes. Según el informe, ni siquiera hay un plan integral para reducir el daño que generan las condiciones y el paso del tiempo. A todo este panorama se le suma la alarmante situación en algunas zonas que fueron catalogadas como “alto riesgo” por lo peligroso que es para las personas seguir viviendo allí.

Como si fuera poco, en la audiencia de ayer se mostró la subejecución en el presupuesto que ACUMAR tenía para 2016. Es decir, no sólo las obras y las relocalizaciones están paradas sino que ni siquiera se utiliza todo el dinero disponible.

Afuera de la sala quedaron unos 50 vecinos. Los mismos que sufren todos los días los inconvenientes y la demora del Estado no pudieron ingresar. Lo que querían era contar cómo se vive con el Riachuelo en estas condiciones y cómo se desvanecen las promesas que el Estado les hace.