En menos de una semana, el empresario Cristóbal López pasó del mejor panorama (su libertad y cambio de carátula de la causa) a una catarata de decisiones políticas y judiciales que parecen concatenarse para complicar aún más su vida fuera del penal de Ezeiza.

Viernes de salida

Después de casi tres meses detenido en la cárcel de Ezeiza, Cristóbal López no recuperó su libertad en un estado zen, sino todo lo contrario. Furioso y dispuesto a "recuperar" el Grupo Indalo, al que asegura no haber vendido, anticipó que iba a dar entrevistas y que ya no callaría más nada. Y hasta dejó una frase dedicada al Gobierno: "No estuve preso, estuve secuestrado".

Cambio de carátula, coima intervención y la Corte Suprema: paso a paso, la salida en falso de Cristóbal

Fin de semana de reencuentro

Sus primeras horas las ocupó en viajar a Misiones, donde reside la familia de su ¿ex? novia, Ingrid Grudke, quien confirmó la visita. Mientras, desde el Gobierno se ocupaban de defenestrar a los jueces que tomaron la polémica decisión de liberarlo.

El domingo en una entrevista exclusiva con Luis Majul, Mauricio Macri le advirtió al periodista que "el Gobierno y la AFIP vamos a apelar la decisión". "Nos ha dado mucha indignación a los argentinos y al Gobierno este fallo", subrayó en lo que anticipaba una semana caótica para el zar del juego.

Advertencia de Moldes

Dicho y hecho. El fiscal Germán Moldes acató las palabras del Presidente y aseguró que llevaría el fallo que liberó a Cristobal a la Cámara de Casación. "Esta calificación se aproxima a un sobreseimiento encubierto. Abre el camino para que termine en eso", resaltó en referencia al cambio de carátula.

La causa que tiene procesados a López y a Fabiá De Sousa pasó de "Administración Fraudulenta" y "Defraudación al Estado" a "Apropiación indebida de tributos", lo que les permitía ingresar a una moratoria que incluye quitas, intereses muy bajos y muchas cuotas para pagar la deuda

Intervención de OIL

La Justicia Comercial golpeó fuerte a Oil Combustibles: desplazó a Ignacio Rosner (¿el testaferro de López?), intervino la petrolera y nombró interventores. Las irregularidades son muchas: honorarios sin explicación, millones de pesos en deuda y un estado de cesación de pagos preocupante.

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Contraataque del Gobierno

Elisa Carrió realizó la jugada que el Gobierno esperaba: le pidió al Consejo de la Magistratura que investigue si Cristóbal les pagó a Jorge Ballestero y a Eduardo Farah para que lo liberaran. Pidió, además, que el delito sea evasión fiscal y la causa se quede en Comodoro Py.

Pocas horas después, Vialidad Nacional filtró que le rescindirá un contrato de obra pública a CPC, la constructora insignia de López y que, como todo el Grupo, pasa por un momento tan complejo como delicado.

Jueves de tormenta

En medio del enfrentamiento que tienen ambos, Germán Garavano salió a asistir bien temprano a Carrió y pidió que "le den entidad" a lo que denunció Lilita. Con el mal desempeño como eje, juega el Gobierno a que el Consejo mueva las fichas.

Al mismo tiempo, en los Tribunales de Retiro, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez federal Julián Ercolini que levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de López, De Sousa y Ricardo Echegaray.

Sin embargo, el granizo llegó a la tarde. En una movida insólita, los cinco jueces de la Corte Suprema firmaron y dieron a difundir una nota en la que exigen que se investigue la integración de la Sala I de la Cámara Federal que resolvió la prisión preventiva.

La Corte considera que el Consejo de la Magistratura debe investigar cómo llegó Farah a la causa. Ballestero y Leopoldo Bruglia estaban empatados en el expediente y por eso fue convocado ese tercer juez. Los cinco supremos se meten de lleno en un enfrentamiento que, hasta ahora, tiene futuro incierto.