Busca Mariu bajar el impacto electoral de la crisis pyme y suspende casi 50 mil juicios por deudas impositivas

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El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de ARBA, decidió suspender la emisión de 49.507 títulos ejecutivos destinados a cobrar, por vía judicial, deudas impositivas de contribuyentes que se habían suscripto a planes de regularización que caducaron por falta de pago.

La decisión, tomada por el director de la agencia de recaudación bonaerense, Gastón Fossati, por pedido de la gobernadora María Eugenia Vidal, implica que hasta el 31 de mayo no se iniciarán procedimientos de apremio sobre deudas que estén incluidas en programas de regularización, tanto de contribuyentes como de agentes de recaudación.

En ese sentido, Fossati destacó que la medida “busca favorecer la situación de los sectores productivos de la Provincia, para que puedan superar los problemas y cuenten con mejores condiciones para crecer”.

“Por un lado, suspendimos la emisión de títulos ejecutivos para evitar embargos e inhibiciones. Y, por otro, les brindamos a los contribuyentes la posibilidad de reingresar a planes de pago caducos para que regularicen sus deudas impositivas en condiciones muy ventajosas”, explicó el director del ente recaudador de la Provincia.

Según se informó desde ARBA, una vez que reingresen al plan, los deudores deberán cancelar antes del 1° de junio de 2019 las cuotas vencidas e impagas, actualizadas, que produjeron la caducidad. La posibilidad de reingreso alcanza a los regímenes de regularización de deuda otorgados por la Provincia desde el 1° de enero de 2000, cuya caducidad haya operado hasta el 15 de noviembre de 2018 inclusive, pero no comprende a los planes caducos de la Ley N°14890, referida a los agentes de recaudación.

No es la primera medida de “alivio tributario” que toma la provincia en el último tiempo: ya había dispuesto la exclusión temporaria de los regímenes de retención y percepción, la flexibilización del levantamiento de medidas cautelares, la ampliación en el monto de devolución automática para quienes posean saldos a favor con el fisco, el incremento de los límites que rigen para que las empresas actúen como agentes de recaudación y el diferimiento del pago de Ingresos Brutos.