Brasil: democracia con aroma a café

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El miércoles pasado, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre condenó en segunda instancia a Luiz Inácio Lula Da Silva a la pena de 12 años y un mes de prisión, por presunto lavado de dinero y corrupción pasiva. Previsiblemente, los camaristas Gebran Neto, Paulsen y Laus ratificaron la decisión del juez Sérgio Moro y no sólo desestimaron los argumentos que presentó la defensa del expresidente para revocar la sentencia, sino que aumentaron la pena establecida en julio de 2017. Contrariamente, redujeron en dos tercios la condena del supuesto corruptor, el “arrepentido” empresario Leo Pinheiro, que se preparaba para pasar una decena de años tras las rejas.

La investigación judicial, pese a la elocuencia de la condena, nunca probó que Lula tuviese la propiedad en Guarujá o una cuenta bancaria indebida. Durante el proceso, ningún magistrado dio el nombre de su presunto testaferro. Se tomó una dudosa declaración del arrepentido como probatoria, desestimando la propia ley de Brasil, que establece que estos testimonios pueden ser un insumo para la investigación, pero bajo ningún punto de vista servir como justificación para la condena. Sin pruebas, pero “con indicios y sospechas”, Brasil abre la peligrosa puerta que lo comunica con un régimen al servicio de los jueces y las élites locales.

La sentencia de los magistrados, que no consideró las contradicciones de las acusaciones contra Lula, fue celebrada por la Bolsa de Valores de San Pablo, por los principales medios de comunicación y por los precandidatos presidenciales Geraldo Alckmin, actual gobernador paulista, y el conservador Rodrigo Maia. Quien intentó desmarcarse fue el presidente Michel Temer, que hizo gala de su cinismo y afirmó que prefiere que Lula sea vencido en las urnas para evitar que “se añada tensión al país”.

Frente a este escenario, ¿podrá Lula igualmente presentarse a la carrera presidencial para los comicios de octubre? ¿Qué estrategia desplegará el bufete de abogados Teixeira Martins, que defiende al petista? ¿Estará dispuesto el PT a correr el riesgo que la justicia finalmente impida su candidatura o comenzará a patrocinar a otros dirigentes?

El desafío penal para Lula y su defensa es, naturalmente, complejo. En primer término, el exmetalúrgico tendrá la oportunidad de presentar un habeas corpus y apelaciones ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Esta probable apelación a los tribunales superiores le dará a Lula un bien invaluable: tiempo. Mientras juegue estas cartas, podrá continuar con su campaña presidencial e inscribirse formalmente como candidato el 15 de agosto, con un ojo puesto en la posterior sentencia del STF.

La defensa de Lula presume que, luego de esa fecha, el Tribunal Superior Electoral (TSE) impedirá finalmente su candidatura. En efecto, antes de la sentencia del miércoles 24 de enero, miembros del TSE anticiparon que una condena por unanimidad no les dejaría otro camino. Llegado el caso, Lula recurrirá seguramente a los tribunales superiores, con lo cual el escenario final es incierto y permanecerá abierto hasta el fallo definitivo.

Las acciones de la justicia brasileña son muy bien descriptas en una reciente nota de Andrés Ferrari, profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Si los magistrados fuesen contra Aécio Neves, acusado de construir con dinero público un par de aeropuertos en rutas del narcotráfico; si acaso pusieran la lupa en las cuentas en paraísos fiscales de José Serra, o si prestaran atención al material probatorio respecto al aval a un pago de coimas por parte del actual presidente Temer; recién en ese momento podríamos considerar que la justicia no persigue más que una venganza de clase. Nada de eso: el foco está puesto exclusivamente en la asfixia judicial al presidente más popular de la historia del país.

Por otra parte, el andarivel electoral deja menos interrogantes que el judicial, pero no es ajeno a la incertidumbre. El primer desafío del exmandatario será sortear la Ley de Ficha Limpia, que imposibilita que alguien condenado en dos instancias pueda asumir un cargo. Pese al sombrío panorama, un sector importante y mayoritario del PT, dentro del cual contamos al propio Lula, está convencido de quemar las naves con su candidatura. Ciertamente, el expresidente es el favorito en todas las encuestas, desde la más conservadora Datafolha, hasta la más optimista Vox Pópuli, que lo ubican por encima del 35% y el 40%, respectivamente.

En este sentido, en el partido afirman públicamente que “no existe un Plan B” si Lula es impedido de participar, pero la hipótesis que manejan en voz baja indica que, frente a un escenario de adversidad irreversible, será él mismo quien señalará a su reemplazante y le pedirá al pueblo de Brasil que lo acompañe en las urnas. Aquí es cuando aparecen las figuras de Fernando Haddad, Jacques Wagner e incluso el exministro Ciro Gomes, del Partido Democrático Trabalhista (posible aliado del PT), que podrían sustituir al candidato original hasta veinte días antes de las elecciones.

Con este telón de fondo, descripto por Gleisi Hofman (presidenta del PT) como una “farsa judicial corporativa”, Lula ya advirtió que su lucha continúa. El jueves pasado presentó oficialmente su precandidatura y afirmó que se presenta nuevamente para “defender a los millones de trabajadores que apenas viven con un salario mínimo al mes”. Además, confirmó su cronograma de campaña que lo llevará en marzo a los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

Con esta sitcom judicial de alto presupuesto, Brasil deja un mensaje preocupante: es imposible que Lula afronte un juicio imparcial. Peor aún, porque el país volverá a resonar en los pasillos de las grandes ligas, ya no por ser un ejemplo en la lucha contra el hambre, sino porque el caso será muy posiblemente aceptado por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Si es con Lula, la derecha afrontará una probabilísima derrota. Sin Lula, Brasil vuelve a parecerse más a aquel del trabajo esclavo y las plantaciones de café.