Bajar impuestos y achicar el déficit: un plan contradictorio que obliga a la AFIP a cazar evasores

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El Gobierno encara un plan contradictorio que comprende alivianar la presión inflacionaria de los contribuyentes y reducir el déficit fiscal bajo el pedido y la mirada exhaustiva del Fondo Monetario Internacional. En ese diagrama conflictivo, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) busca dar con la única solución posible: ampliar la base impositiva, es decir, la cantidad de aportantes al sistema tributario.

AFIP envió unas 120 mil advertencias a comercios y empresas que presuntamente no declararon la totalidad de sus empleados.

En ese sentido, AFIP envió unas 120 mil advertencias a comercios y empresas que presuntamente no declararon la totalidad de sus empleados. Las inducciones electrónicas apuntaron a los rubros relacionados con  la actividad rural, restaurantes, elaboración y venta de productos de panadería, elaboración de pastas frescas, fábrica de muebles de cocina y oficina, confiterías, geriátricos, lavaderos industriales y construcción, entre otros.

Con el año electoral en el horizonte, el Gobierno busca darle al FMI señales claras de reducción del déficit fiscal. Al mismo tiempo, la entidad internacional de préstamos que preside Christine Lagarde, remarcó que el oficialismo debería evaluar la posibilidad de frenar o postergar algunos puntos de la reforma tributaria que podrían achicar los ingresos en las arcas públicas. Según estadísticas, Argentina es uno de los países de la región con mayor proporción de su economía no registrada.

De las actividades mencionadas, se destacan los restaurantes con 28.000 contribuyentes, las relacionadas a la industria panadera, con 26.000, las actividades rurales con cerca de 25.000 y 2.500 de fábricas de pastas frescas, entre otros. Estas comunicaciones con los contribuyentes se suman a las que ya se realizaron para regularizar el empleo informal en los supermercados y en las casas particulares.

Al mismo tiempo, las intimaciones buscan asegurar un marco legal para una importante masa de trabajadores. Se trata de un conjunto de empleadores que registran la mayor informalidad laboral del mercado, con trabajadores que realizan sus tareas sin cobertura social ni médica, tanto para ellos como para sus familias.