Avanza el Gobierno con la auditoría y desafía a otros partidos en medio de las denuncias por los aportes

El Canciller - Comentarios

El caso sacudió los planes del Gobierno de mantener la tranquilidad puertas adentro de la Casa Rosada. El escándalo por las denuncias por irregularidades en los aportes de la última campaña electoral de Cambiemos alteró los ánimos de los principales funcionarios de Cambiemos.

En este sentido, la gobernadora María Eugenia Vidal tomó ayer la decisión de separar de su cargo a Fernanda Inza, la contadora general de la Provincia de Buenos Aires. A su vez, ordenó una auditoría para transparentar el proceso y establecer responsabilidades en el caso.

En declaraciones en radio Mitre, el ministro de Asuntos Públicos bonaerense, Federico Suárez, confirmó el avance de la auditoría y aseguró que el Ejecutivo ya envió una ley presentará una nueva ley de financiamiento político.

“Me gustaría que el resto de los espacios políticos como Unidad Ciudadana nos muestren qué auditorías están haciendo para transparentar sus aportes”, agregó en una charla con Jorge Lanata y desafió a los partidos de cara a las próximas elecciones del 2019.

A su vez, en declaraciones con FM Milenium, Suárez dijo que “hay un oportunismo político” detrás del escándalo por las denuncias por aportes irregulares en campaña. “Nos hacemos cargo de esto que fue impulsado claramente por el kirchnerismo”, agregó.

El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley sobre el financiamiento de los partidos políticos

“Todo esto ya está en manos de la Justicia y allí se deberán determinar las responsabilidades”, añadió Suárez, en sintonía con el discurso de ayer de la mandataria provincial.

Más temprano, Rogelio Frigerio salió a referirse a las supuestas irregularidades sobre los aportes y fue tajante: “Nosotros no vamos a apañar a nadie”. “La justicia tiene que actuar. Ayer fue muy clara la gobernadora de la provincia de Buenos Aires”, expresó.

Mientras la oposición busca sacar ventaja frente al caso que alerta a Cambiemos, en la Casa Rosada activaron el plan para intentar desactivar la bomba y que todo quede en manos de la Justicia.