Amparos y escenarios nuevos: trasladan a la Justicia la batalla por las reformas

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Si Cambiemos efectivamente logra en una próxima sesión aprobar la reforma previsional, la batalla por las actualizaciones en las jubilaciones se trasladará a los tribunales. Al primer amparo que ya fue presentado en la justicia por un diputado del Frente para la Victoria podrían sumarse decenas de reclamos de asociaciones civiles y de particulares.

La principal objeción se centra en el nuevo cálculo de actualización de los haberes, que saldrá de una mezcla entre inflación y aumento salarial. Según explicaron, esto terminaría generando una pérdida en relación a la actual ley de movilidad, que depende de la recaudación y la variación salarial.

Desde el constitucionalista Daniel Sabsay hasta el titular del sector de Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Eugenio Semino coincidieron en que la reforma, así como se plantea, es inconstitucional, lo que le abriría la puerta a los reclamos.

En definitiva, lo que sostienen los especialistas es que la reducción de los haberes que cobran los jubilados va en contra de los pactos internacionales que Argentina firmó y que protegen sus derechos. El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José de Costa Rica establecen que los Estados deben avanzar hacia el cumplimiento de los derechos. En esa línea, sostienen que no se puede “retroceder” en cuanto a derechos adquiridos.

Especialistas afirman que la reducción de los haberes jubilatorios va en contra de los pactos internacionales

Cabe resaltar, en este punto, lo expresado por la Corte en el reconocido fallo “Badaro”. Allí, se indicó que la movilidad jubilatoria debe asegurar “el mantenimiento de un nivel de vida acorde a la posición que tuvieron” los años durante los cuales trabajaron.

Casualmente, en mayo de este año, se aprobó en el Congreso la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Organización de los Estados Americanos en 2015. Entre sus artículos, está la obligación por parte de los Estados de promover (aunque sea progresivamente) que “la persona mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de los sistemas de seguridad social”.

¿En qué cancha se jugarían los planteos y amparos? En el fuero de la Seguridad Social, uno de los más colapsados de la justicia. A la falta de personal se le suman las pésimas condiciones edilicias, lo que termina por retrasar aún más los reclamos de los jubilados.