"La orden ejecutiva de hoy cierra otra vía de corrupción que según hemos observado está siendo usada: niega a los funcionarios venezolanos corruptos la capacidad de valorar indebidamente y vender activos públicos a cambio de sobornos", expresaron desde la Casa Blanca.

En la misma línea que Maduro, Macri agudizó su postura con respecto a Venezuela al inaugurar la reunión junto a cancilleres del G20. "Hoy tuvimos otro simulacro de elección democrática en Venezuela", declaró, en tanto que subrayó que Venezuela "no es más una democracia". "Me quiero solidarizar nuevamente con nuestros hermanos venezolanos e invitarlos a que sigamos redoblando los esfuerzos para que en Venezuela se recupere la democracia y el respeto a los derechos humanos", agregó.

El anuncio de Trump


Yo, DONALD J. TRUMP, Presidente de Estados Unidos de América, con el fin de tomar medidas adicionales con respecto a la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo, 2015. Particularmente, a la luz de las actividades recientes del régimen de Maduro, incluida la mala gestión económica endémica y la corrupción pública a expensas del pueblo venezolano y su prosperidad, y la represión continua de la oposición política; los intentos de socavar el orden democrático mediante elecciones anticipadas que no son ni libres ni justas; y la responsabilidad del régimen por la profundización de la crisis humanitaria y de salud pública en Venezuela, por la presente ordeno lo siguiente:

Se prohíben todas las transacciones relacionadas con, la provisión de financiamiento y otras transacciones en lo siguiente por una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos:

(i)     la compra de cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, incluidas las cuentas por cobrar;

(ii)    cualquier deuda con el Gobierno de Venezuela que se haya pignorado como garantía después de la fecha de vigencia de esta orden, incluidas las cuentas por cobrar; y

(iii)   la venta, transferencia, cesión o pignoración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela de cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga una participación accionaria del 50 por ciento o superior.