Patricia Bullrich anunció esta semana la compra de 300 pistolas Taser X26 para las fuerzas de seguridad y el secretario Eugenio Burzaco recordó que "se utilizan en cientos de países" porque cuentan con la aprobación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), el organismo encargado de registrar, fiscalizar y controlar las armas de fuego. 

Sin embargo, su uso experimental ya fue denunciado con anterioridad por varios organismos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su posible utilización como herramienta de tortura. 

En ese sentido, Amnistía Internacional advirtió sobre la muerte de más de 500 personas en Estados Unidos entre 2001 y 2012, tras recibir descargas de armas Taser a manos de la policía. Incluso, en el 90% de los casos los sujetos fallecidos estaban desarmados.

Advierte Amnistía Internacional sobre los riesgos mortales por el uso de armas Taser

Amnistía también confirmó que su uso acarrea altos niveles de riesgo para la salud si no se cuenta con la información necesaria sobre la aplicación del electroshock en individuos.

En un informe de Holanda, por ejemplo, la entidad aseguró que las personas reducidas recibieron cinco, seis o hasta siete descargas eléctricas. En ese país, como en Argentina, se prometió una capacitación adicional, dado que las instrucciones de este armamento no ofrece garantías suficientes contra su uso indebido.

Polémicas en Argentina 

Esta compra significará no sólo la contribución de la seguridad como eje de campaña electoral, sino también el cumplimiento de uno de los anhelos de Mauricio Macri desde los tiempos en los que era Jefe de Gobierno en 2010. Formó parte de un pedido de modificación de la Ley de Seguridad Pública que el macrismo intentó aprobar en 2011.

Luego, en 2013, tras una presentación del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH), la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad prohibió su utilización a la, por entonces, Policía Metropolitana. En 2016, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia porteño revocó el fallo y habilitó su uso.

Ahora, el Ministerio de Seguridad de Bullrich buscará continuar con su compra pese a las polémicas, con el fin de seguir con el endurecimiento del control de la seguridad pública.