Acoso sexual y hostigamiento: la denuncia contra el ex director del Centro Cultural San Martín

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La violencia laboral contra las mujeres es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza “su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo”. Si bien esta definición está dentro de la ley 26485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” y está vigente desde 2009, Argentina está muy atrasada en cuanto a leyes y reglamentaciones que prevengan situaciones de acoso sexual en ámbitos laborales.

La conferencia de prensa que encabezaron hoy Actrices Argentinas; ABOFEM (Asociación de Abogadas Feministas); la Colectiva de Autoras, MUCABA y otras organizaciones se centró en los acosos y maltratos dentro de ámbitos laborales y académicos. “Jefes que creen ser dueños de los cuerpos de sus empleades, manoseándoles, haciendo comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, insinuándose, persiguiéndoles y castigándoles al menor asomo de rechazo, con gritos y trabajos fuera del horario pautado. Tratándoles de incapaces, rebajándoles, por su género, a realizar tareas no correspondientes  y humillándoles públicamente en caso de no cumplir con sus reglas machistas y autoestablecidas”, dice el comunicado que leyeron.

Aunque no fue mencionado explícitamente, se hizo referencia a la situación que el ex director del Centro Cultural San Martín Diego Pimentel debe enfrentar en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Anahí de la Fuente, maquilladora y comunicadora, estuvo presente en la conferencia: fue ella quién contó públicamente el maltrato al que fue sometida por Pimentel y las distintas situaciones en las que fue acosada. Otra joven (que prefirió mantener su identidad en reserva) denunció también episodios similares.

Ambas estaban en una situación de total precariedad laboral, algo muy común en las dependencias del Estado. Las dos pidieron ser reubicadas pero la respuesta que les dieron fue muy distinta: les dieron de baja sus contratos.

A la situación de precarización, se le suma la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres: en Argentina, alcanza el 27,5%. De acuerdo a un informe del programa de Capacitación y Estudios Sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad de San Martín, la informalidad laboral en mujeres llega al 37%. Esto explica por qué muchas veces se tarda en denunciar o se dilata esa situación lo más posible: el miedo a perder el empleo en un contexto donde todo juega en contra de las mujeres.

Dentro del ámbito de la Secretaría de Trabajo existe la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral. Allí, se puede solicitar asesoramiento y realizar. Llamativamente, en la página web, sus últimas estadísticas son de 2008.

Foto: NA/MARCELO CAPECE

La denuncia

La acusación contra Pimentel está prevista en el Código Contravencional: el maltrato y hostigamiento y el acoso sexual en espacios de acceso público. De acuerdo a una ley sancionada en 2016, es un agravante que la situación de intimidación y maltrato sea en contexto de “desigualdad de género”.

La misma ley prevé una sanción de dos a diez días de trabajo de “utilidad pública” y una multa que puede ir hasta los mil pesos en casos de acoso sexual. Con respecto al hostigamiento, si se comprueba que fue “modo amenazante”, puede llevar también a una sanción de hasta cinco días de arresto.

La causa cayó en la Fiscalia Penal, Contravencional y de Faltas Nº16, a cargo de Claudia Barcia. La funcionaria es especialista en violencia de género y bajo esa perspectiva tomó el caso, que podría llegar a la instancia de juicio en las próximas semanas. Allí, se tomaron en cuenta los relatos de las jóvenes, que relataron arrinconamientos, contacto físico desubicado y maltratos varios.

La fiscal Barcia fue quién denunció el año pasado a Ángel “Baby” Etchecopar luego de que tratara de “caradura, vividora, porquería, gusano” a una dirigente del Movimiento Evita. Esa causa por discriminación y violencia de género fue la que obligó al conductor a ceder parte del aire de su programa radial a especialistas en género.