Acorrala el Gobierno a los sindicalistas de pie y les saca el poder de la caja

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La decisión de desdoblar la reforma laboral y así introducir -en principio- los puntos más inofensivos y consensuados al Congreso, parecen no aminorar las investigaciones y consecuencias judiciales que pesan sobre los sindicatos. Ahora, a partir de la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigan a una decena de gremios por utilizar facturas apócrifas, entre los que se encuentran los de Hugo Moyano (Camioneros), Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio).

La investigación -que se originó a través de la entidad fiscal que lidera Alberto Abad- desembocó en dos juzgados diferentes. Uno es el de la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal fallecido Alberto Nisman, y el otro es el juez de Quilmes Luis Armella. La tesis que maneja la Justicia indica que dentro de los sindicatos habían “amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa”, reveló el diario La Nación. Hasta el momento, hay 17 procesados y 1 prófugo. ¿Cómo se descubrió la anomalía? Cuando -a través de esas facturas- cotejaron CUIT falsos y allí encontraron que correspondían a empresas y sindicatos de todo el país.

Todo comenzó a fines del 2017, cuando la Justicia ordenó una ronda de allanamientos en el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (Soesgype), que lídera el triunviro de la CGT Carlos Acuña. Luego siguieron la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) y finalizó con Camioneros de Hugo Moyano.

No obstante, no es el único gremio supuestamente implicado: está el Sindicato de Trabajadores de Azar, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero, , la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh),  el Sindicato de empleados del Corcho, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, entre otros.

Desde los sindicatos respondieron casi de forma general que “Si la factura no estaba en orden, no lo sabíamos, porque estaba convalidada por la AFIP”. Sin embargo, el juez Armella procesó desde fines de diciembre a 16 personas y detuvo otras doce personas bajo prisión preventiva. ¿Los delitos? asociación ilícita y lavado de activos.

La caja

El Gobierno los golpeará en el lugar donde más les duele (además del fantasma de terminar en la cárcel) a los gremialistas: la caja. A un año y medio de la devolución de 30 mil millones del fondo de las obras sociales que el kirchnerismo les retaceó. Acorde a la tensión que se vive tras la discusión de una reforma laboral que nunca nació, en la Casa Rosada buscan quitarles el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), que complementa la financiación de las obras sociales mediante la distribución automática de fondos. La idea es hacerlo en el corto plazo y de forma paulatina. La cifra ronda los 950 millones de pesos.