Aborto legal: dos proyectos, un derecho “esencial” y una promesa presidencial ¿que se cumplirá en 2021?

En el Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, los movimientos feministas exigen que el Congreso trate el proyecto que rechazó el Senado en 2018 y que el aborto sea legal, seguro y gratuito en Argentina.
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El Gobierno lo repite como un mantra: “Estamos cumpliendo las promesas de campaña”. Reforma Judicial, reparto “menos desigual” de los fondos de coparticipación de la Ciudad ¿y derecho al aborto legal? Alberto Fernández aseguró que enviaría un proyecto y que empujaría desde el Ejecutivo para que la interrupción voluntaria del embarazo sea ley. Y lo remarcó en la Apertura de Sesiones legislativas del primero de marzo. Pero vino la pandemia, que desdibujó el año que pintaba verde, y ahora en el Día de la Legalización del Aborto en América Latina, los feminismos vuelven a exigir que el derecho a decidir sea prioridad.

“Es urgente”, sintetizó la solicitada que firmaron ayer más de 500 artistas, periodistas y militantes por los derechos de las mujeres. El reclamo lo encabezó la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que en mayo cumplió 15 años como organización y es la redactora del proyecto enviado ocho veces ya al Congreso para poner fin a la clandestinidad de esta práctica  -que contabiliza más de 3 mil muertes desde el regreso de la democracia-. Luego del fallido tratamiento en 2018, esta iniciativa cuenta desde mayo de 2019 con estado parlamentario, a diferencia de la propuesta que confeccionó el Ejecutivo y cuya letra chica se desconoce, a pesar de la promesa presidencial de que “ya está listo”.

El argumento oficial es claro: “Es un tema de salud pública y hoy la salud pública está concentrada en la lucha contra el Covid-19, no quiero distraerla”, aseguró Fernández. Sin embargo, desde los movimientos feministas se replica con que la Organización Mundial de la Salud declaró el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales durante la pandemia. Un derecho que no puede esperar.

¿2020 o 2021?

La presión “de la calle” fue clave para obtener la media sanción a la legalización en Diputados el 14 de junio de 2018. Así lo reconocen Las Sororas, el grupo multipartidario de legisladoras que se cargó al hombro la aprobación. Mientras la diputada del PRO -oficialismo, en aquel entonces-, Silvia Lospennato, intentaba persuadir a sus compañeros de bloque, Victoria Donda, de Libres del Sur, les pedía a las militantes que no desconcentren, a pesar de la lluvia helada y las 14 horas de sesión. Miles de jóvenes hicieron caso y hasta las 10 de la mañana esperaron la definición frente al Congreso.

¿Cómo se gana la calle en 2020? Excepto los partidos de izquierda que ya se movilizaron por la desaparición de Facundo Astudillo Castro y por la emergencia económica, la mayoría de los grupos feministas comparten la mirada del oficialismo sobre la falta de condiciones sanitarias para las marchas en pandemia. Hoy a las 18 habrá un Pañuelazo Virtual de la Campaña por el Aborto Legal. 

La tensión también es puertas adentro: los legisladores que se oponen a la legalización creen que el debate puede esperar y ponen en duda la capacidad del Congreso para sesionar de manera remota en un tema que parte en dos al Palacio Legislativo. Con la renovación de diputados y senadores de 2019, el destino se torció aún más en favor de los corazones verdes. Del lado de la legalización, no quieren votar en año electoral porque nadie sabe cómo se llega, ni quién llega a 2021.

Los números de la urgencia

Más de 6 mil personas gestantes abortaron de manera legal en Argentina durante la pandemia, según cifras de la organización Socorristas en Red. Además, el Ministerio de Salud de la Nación estimó que por año se producen cerca de 500 mil abortos en el país. “De haber sido aprobada la ley en 2018, Liliana de Santiago del Estero, B de la Matanza, Ivana de Formosa, y tantas otras más no hubieran muerto, obligadas a buscar métodos inseguros para interrumpir un embarazo”, remarcó la solicitada de la Campaña.

Abortar no es punible desde 1921 en Argentina si el embarazo es producto de una violación o pone en riesgo la vida o salud de la persona gestante. Apenas puso un pie en el Ministerio de Salud, Ginés González García actualizó el protocolo nacional para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y estableció que el Estado debe garantizar el derecho a quien lo solicite, de manera “incuestionable”. El último informe que presentó la línea 0800 de salud sexual y reproductiva, arrojó que un 91% de las consultas son respecto al acceso a la ILE.

Corrientes, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán todavía no están adheridas a ese protocolo ni crearon uno propio. El resto, sí. Aunque con grises: la Legislatura porteña lo aprobó este año, pero Horacio Rodríguez Larreta agregó anexos que amplían los plazos y la posibilidad de que el profesional se niegue a realizar la práctica. Desde el movimiento feminista señalaron que las modificaciones limitan el acceso a la ILE en CABA, mientras que “los celestes” tampoco se conformaron con los cambios y cuestionaron al jefe de gobierno porteño por la reglamentación.

Más allá de los protocolos y su letra chica, las militantes del aborto legal pelean por una ley nacional que se aplique a lo largo y a lo ancho del país y reconozca el derecho de las mujeres a decidir voluntariamente sobre sus cuerpos y acceder a una interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas del proceso gestacional.