Aborto: el desafío del Estado de vencer la hipocresía y legislar la vida real

El Canciller - Comentarios

Del editor al lector

Aborto legal o aborto criminal. Aborto clandestino o aborto seguro. Aborto para ricos o aborto para pobres. La cámara de Diputados decidirá hoy si cambia el marco en que los abortos ocurren en Argentina, no podrán legislar sobre “Sí” o “No” al aborto. Esa es una discusión que nunca existió.

500 mil mujeres deciden cada año en Argentina no seguir adelante con un embarazo. Se estima que 3.000 de ellas murieron desde el regreso a la democracia. El número, como todo aquello que ocurre en las sombras de lo prohibido, sólo cuenta el drama de algunos casos. No hay registros, no hay testimonios, no hay historias clínicas ni diagnósticos que colaboren con la prevención.

Si la paciente es una chica con recursos, irá a un sanatorio y con una pastilla o un tratamiento mínimamente invasivo, resolverá la situación. Esa tarde estará en su casa y retomará su vida normal bajo mínimos cuidados. Su ingreso a la clínica dará cuenta de malestares abdominales o, en el peor de los casos, apendicitis. La prepaga se hará cargo del contratiempo y el profesional recibirá su parte.

Si la mujer vive en un contexto vulnerable, su suerte será cuestión de azar. Una aguja de coser, yuyos, una sala improvisada sin las mínimas garantías de higiene y alguien que, cobijado en la clandestinidad, se ofrece como su única chance. Las mujeres a las que la suerte no acompañe, terminarán en una sala de urgencias y recién ahí, en el límite entre la vida y la muerte, la salud pública y el Estado, se volverán parte. Asumirán, tarde y al fin, su responsabilidad.

La sociedad, las familias, los hombres y las mujeres tuvieron a lo largo de los últimos meses la posibilidad de reflexionar y fijar posición sobre la legalización del aborto. Fueron interpelados por el proyecto y respondieron desde sus convicciones, su religión, sus valores, su ideología. Todas ellas igualmente válidas y respetables. El Estado -en cambio- deberá responder como responsable de la salud, la igualdad y la vida de los ciudadanos, que es la esencia de su función y su razón de ser. Sin la intervención de creencias propias, sin juicios morales, sin declaraciones filosóficas ni pactos políticos, sino dando respuesta a un grave problema que mata a mujeres sanas, las empuja a la clandestinidad y las deja solas, incluso sin la chance de encontrar un contexto favorable que les permita -si quisieran- rever su decisión.

Para muestra, basta un botón. Las mujeres jujeñas tienen 15 veces más posibilidades de sufrir complicaciones de salud a causa de su embarazo que las porteñas. ¿Alguien podría argumentar que es una cuestión de principios? Claro que no. Todos coincidiríamos en que el problema es la desigualdad, el acceso a la salud, la falta de recursos, de educación. Cuánto más para las mujeres que, además en esos contextos, son empujadas a la criminalidad por un Estado que las considera delincuentes. Sin embargo, los legisladores que representan a las provincias del Norte argentino son los que más resistencia ofrecen a la ley, al amparo de su tradición conservadora y al desamparo de los ciudadanos a los que representan.

Hoy el Congreso elegirá alumbrar o no una situación que ya existe, que por hipocresía se niega y se esconde. Que por desigualdad humilla a los pobres y, una vez más, los elige como blancos fáciles para la enfermedad y la muerte. Hoy serán los negadores convencidos de que un aborto legal empujará a más mujeres a abortar, como si fueran las liquidaciones del verano, que a más barato y más cuotas, más gasto… sin reparar en que cada aborto es un dolor que ninguna mujer en el mundo elegiría. O serán los representantes legítimos de una sociedad que empuja sus propios límites para crecer, aceptar y decidir en libertad.