A menos de una semana de la cumbre del G20, el Ministerio de Seguridad volvió a exhibir impericia en su intento por contener agresiones violentas y Patricia Bullrich quedó en el ojo de la tormenta. 

Tres días después de que la Policía de la Ciudad fuera salvajemente vulnerada por barrabravas de All Boys, en un partido correspondiente a la Primera B Metropolitana, la Superfinal de la Copa Libertadores se empañó luego de que un nutrido grupo de hinchas de River Plate atacara con adoquines y botellas al micro que trasladaba al plantel de Boca Juniors hacia el Monumental.

Dos semanas atrás, la ministra de Seguridad nacional había relativizado la magnitud que representaban las finales. "Los partidos entre Boca y River son algo menor", aseguró, en alusión al imponente operativo que se desplegará para el encuentro de los líderes mundiales en Costa Salguero. 

Cuando se conocieron los finalistas, un mes atrás, Bullrich había confirmado las garantías para que los simpatizantes xeneizes y millonarios pudieran asistir a los estadios en condición de visitantes. La emboscada riverplatense la dejó en evidencia. 

La seguridad se erigió como la principal preocupación del Gobierno nacional en las últimas semanas. En relación a los recientes atentados con bombas caseras y las falsas alarmas generadas a través de paquetes sospechosos en lugares públicos, Bullrich anticipó que habrá tolerancia cero respecto a cualquier tipo de disturbio que pueda producirse.

"Nos quieren hacer pasar de la raya, no vamos a caer en esa provocación, tenemos que poner orden, pero es un orden democrático", aseguró días atrás. Para prevenir cualquier tipo de incidente en el cónclave de las potencias, erogará más de US$ 4 millones y desplegará un operativo con 13.400 efectivos de las fuerzas federales. 

En la previa al desafío más trascendente de su gestión, el escenario no se presenta alentador. La ministra sabe que no puede volver a fallar.