$890 mil millones de inversión para construir 120.000 viviendas sociales hasta 2023: cómo es el nuevo programa Casa Propia

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Ante la gran crisis habitacional, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, dirigido por Jorge Ferraresi, puso en marcha el programa Casa Propia para construir 120.000 viviendas sociales. El plazo que tienen para hacer los nuevos hogares es hasta el 31 de diciembre de 2023.

La inversión es de $890 mil millones, e implica el compromiso de 264 mil soluciones habitacionales. “La construcción de viviendas tiene un rol estratégico en la reactivación económica por su capacidad para movilizar a otras industrias. Además de reducir el déficit habitacional, avanzamos en la generación de empleo y la demanda de insumo”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

La resolución 16/21 prevé tres años para llevar adelante las viviendas. Para lograrlo, el Ministerio utilizará un sistema de recupero de cuotas a cargo de los adjudicatarios. El valor de las cuotas será del 20% al 30% de los ingresos del grupo familiar hasta 360 cuotas. Los fondos recaudados deben reinvertirse en nuevas obras.

Recorrida en empresa Poliobras, fabricante de paneles con aislación térmica e hidrófuga que se usan para techos o muros. Fuente: TW Jorge Ferraresi

El valor y la cantidad de las cuotas no solo dependerán de los ingresos del grupo familiar beneficiario, si no que se ajustarán al Coeficiente de Variación Salarial (CVS), publicado por el Indec.

Las provincias o sus entes de vivienda, y los municipios pueden adherir al programa. De hecho, Moreno, en la Provincia de Buenos Aires, y Jujuy adhirieron este miércoles. “Desde el gobierno nacional vamos a financiar 1200 casas para jujeños y jujeñas”, afirmó Ferraresi.

El considerando de la resolución sostiene que a través del programa “se propone ejecutar de manera inmediata nuevas obras de vivienda a través de Entes Ejecutores -Provincias, Municipios u Otros Entes- con una fuerte inversión pública”.

El objetivo es mejor las condiciones del hábitat y de la vivienda, y también aportar mano de obra intensiva,  reinserción social y laboral de la población afectada y la reactivación de las economías locales. De esta manera, “ponen al interés público y el derecho de acceso a la vivienda digna en un primer plano”.