7 millones de dólares: pelean el Ejecutivo y la Justicia por el dinero secuestrado a Balcedo

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El conteo rompió un récord en Uruguay: siete millones y medio de dólares incautados en varias cajas de seguridad que tenía el sindicalista Marcelo Balcedo, preso desde hace dos semanas en Montevideo. Los operativos siguen y la plata podría alcanzar el hermoso monto de diez millones de dólares pero, ¿quién se queda con todos esos dolarillos?

La clave es definir en qué país se cometió el delito que generó esa cantidad de plata. La investigación contra el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME) comenzó en manos del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por lo que Argentina podría reclamar que los fondos secuestrados sean enviados a nuestro país.

En ese caso, el dinero pasaría a ser resguardado hasta que se compruebe, sentencia judicial mediante, que fue obtenido en base a un delito. La plata puede tener, finalmente, dos destinos: las arcas del Ejecutivo (que después puede administrarla) o las del Poder Judicial.

En el caso de que Balcedo sea condenado por lavado de activos, la ley que regula ese tipo de delitos prevé que la plata sea destinada “a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado”.

Por otra parte, la ley de autarquía judicial establece en uno de sus artículos que los bienes decomisados en los procedimientos judiciales “constituyen recursos específicos propios del Poder Judicial”. Esto significa que forman parte de su presupuesto y que la Corte Suprema, como cabeza financiera, puede disponer de ellos.

En 2004, María Julia Alsogaray fue condenada por enriquecimiento ilícito. Como parte de esa sentencia, se ordenó el decomiso del petit hotel que tenía en Recoleta. Una ONG pidió que la plata que se obtuviera del remate de la propiedad fuera donada al Hospital Garrahan. El Tribunal que hizo el juicio aceptó, pero la Corte Suprema finalmente dijo que no, que esa plata correspondía al Poder Judicial. Fin de la cuestión.

Los casi nueve millones de José López van camino a seguir ese mismo destino. Por ahora, la plata de los bolsos está a resguardo en una cuenta del Banco Nación. En todos los casos, los decomisos (cuando efectivamente se le saca a la persona el bien o la plata) se dan cuando hay una sentencia firme.

Mientras tanto, pueden tomarse otras medidas. Como ejemplo de esto, está la causa de Lázaro Báez. Allí, el juez Sebastián Casanello ordenó el embargo de muchos bienes del empresario, entre ellos, maquinas y equipos viales. El embargo lo que garantiza es que el bien no se venda o, en el caso de la plata, que quede inmovilizada.

Avanzada la investigación pero todavía sin juicio ni sentencia, la Dirección Nacional de Vialidad pidió ser la “depositaria judicial” de estos bienes, para encargarse de que estén en buen estado y poder ser utilizados por el organismo. El juez hizo lugar a la medida. En concreto, la maquinaria sigue siendo de Lázaro pero el Estado puede usarla mientras tanto.

En Uruguay, funciona un Fondo de Bienes Decomisados que se encarga de todas gestiones. La plata (ya sea que haya sido secuestrada o la obtenida por el remate de algún vehículo o departamento) está destinada a la financiación de programas para la prevención del consumo de drogas o de tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por esta problemática.

Como segunda opción, el dinero puede ir a la Justicia, a la Policía o a las instituciones que se ocupan del narcotráfico y el lavado de activos.