15 años de Cromañón: los expedientes (aún) abiertos y la responsabilidad estatal

Las causas que siguen dentro del sistema judicial son reclamos de víctimas y familiares al Estado y, en algunos casos, a los músicos. Aunque todavía no hay sentencia firme en una de las primeras que se abrieron: la habilitación del local.
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Abril de 1997. Roberto Calderini entra a un local ubicado en Bartolomé Mitre 3060. El inspector de la Dirección General de Registros y Certificaciones de la Ciudad de Buenos Aires toma nota de todas las irregularidades que hay: la superficie era mucho mayor que la declarada en los papeles; faltaban salidas de emergencias; e incluso había algunas puertas que se conectaban con otros inmuebles, pese a que esto estaba prohibido para los locales de baile “clase C”, como lo era en ese momento “Lagarto”. Siete años después, los problemas eran inclusive peores y allí se desató una de las peores tragedias de la Argentina.

194 personas murieron como consecuencia de lo ocurrido la noche del 30 de diciembre de 2004 y más de 1400 sufrieron heridas que las dañaron de manera física y psíquica. Una candela (de esas que se usaban en todos los recitales de rock de esa época) pegó en la media sombra del techo de República de Cromañón. El incendio avanzó rápidamente y se cortó la luz. Un humo denso y oscuro invadió el boliche, que estaba habilitado para 1311 personas. Sin embargo, eran más de 4500 personas las que estaban allí. El pánico y la desesperación por salir, sumado a que el lugar ni siquiera contaba con una salida de emergencia habilitada, llevó a que las y los jóvenes se amontonaran en las cercanías de la única puerta de acceso.

El inspector Calderini, pese a ser el primero en intervenir en esta cadena de (ir)responsabilidades, fue el último en ser juzgado. En abril de 2016, fue condenado por el delito de “falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho”. Calderini habilitó Cromañón tres meses después de esa visita inicial, a pesar de que no habían arreglado ninguna de las cuestiones señaladas. Para los jueces, está claro que cobró una coima. La sentencia aún no está firme.

Los otros expedientes abiertos

El resto de las causas que continúan dentro del sistema judicial son los reclamos de víctimas y familiares al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al Estado Nacional y, en algunos casos, a los músicos que integraron Callejeros. Algunos de esos procesos tardaron años en comenzar e inclusive siguen sin una sentencia firme.

“Es indudable el impacto negativo que imprimió la tragedia de República Cromañón en el aparato psíquico de la accionante”, dice un fallo de mayo de este año donde le dan la razón a la madre de una de las fallecidas en el boliche. El argumento se repite en los distintos expedientes y también dispara una pregunta: ¿Cómo se mide el dolor de una persona?

En los expedientes, los jueces contenciosos administrativos consideran que la responsabilidad estatal (la de funcionarios del Gobierno de la Ciudad, la de algunos policías y la de los bomberos) es mayor a la que tuvieron los músicos de Cromañón, es por eso que pagan un porcentaje mayor de esa indemnización. Cada reclamo es personal e individual.

Responsabilidad estatal

Por Cromañón ya no hay más detenidos. Los músicos fueron recuperando su libertad luego de varias idas y vueltas con intervención de la Corte Suprema inclusive. Patricio Santos Fontanet fue condenado finalmente a siete años de prisión; seis para el baterista Eduardo Vázquez (detenido y condenado a prisión perpetua por el femicidio de Wanda Taddei); y cinco años para el resto de los integrantes de la banda: Christian Torrejón, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy y Elio Delgado.

“Resulta indiscutible que Fiszbin, Torres y Fernández eran, desde la órbita de la administración pública, los responsables de evitar que, a raíz de las extensas irregularidades e incumplimientos en materia de seguridad, se desencadenara un hecho como el que aquí ocurrió. Y no lo hicieron, ya que en ningún momento se ocuparon de inspeccionar el local ‘Cromañón’, lo que por supuesto podían y debían realizar de oficio ya que sus funciones así lo indicaban, pero ni siquiera se ocuparon de hacerlo luego de la denuncia efectuada por el Defensor del Pueblo Adjunto, Atilio Alimena, que motivó la formación de la actuación nro. 631 en el área de la Secretaría”, dijo Casación cuando intervino en 2012.

Fabiana Fiszbin estaba a cargo de la Subsecretaría de Control Comunal mientras que Gustavo Juan Torres ocupaba la Dirección General de Fiscalización y Control. La Dirección General Adjunta estaba a cargo de Ana María Fernández. Los tres eran funcionarios del gobierno de Aníbal Ibarra, que penalmente fue sobreseído en dos causas.