$130 millones: el Estado laico que recorta a todos, menos a Francisco

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En el contexto del conflicto por un nuevo aumento de tarifas, donde crece la tensión entre los que abogan por la necesidad de reducir el gasto público y los que se oponen a ello -ya sean subsidios, planes sociales o beneficios a las empresas del país-, poco se habla de los $130.421.300 anuales que recibe la iglesia católica por parte del Estado Nacional, y que podrían utilizarse para otros fines o bien para reducir el déficit fiscal. Todas las personas que pagan impuestos, profesen o no el culto católico, aportan al mantenimiento del cuerpo eclesiástico.

Si bien el artículo 2 de la Constitución Nacional manifiesta que “el Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano”, el estado argentino es laico, puesto que la CN no establece un culto oficial. Por ende, este financiamiento coloca a la iglesia católica en una situación de privilegio por sobre las demás religiones. Según datos del Conicet, en Argentina el 75% de la población está registrada como católica, aunque esta cifra cae fuertemente si sólo se tiene en cuenta a los practicantes.

Los $130 millones que recibe del Estado, colocan a la iglesia católica en una situación de privilegio por sobre los demás cultos.

Sueldos, obras públicas y exención impositiva


El Estado Argentino, por una ley sancionada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, sostiene a 132 arzobispos -cuyo sueldo es por ley el 80% del que le corresponde a un juez de primera instancia-, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas. Además, la iglesia católica es la única que se ve beneficiada de la obra pública del estado. Por ejemplo, la restauración del edificio de la Basílica de Luján, llevada adelante mediante licitación pública por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, costó $158 millones.

Siguiendo esta misma línea, el Estado también subsidia escuelas religiosas en todo el país y, pese a que rige la ley de educación laica, el presupuesto no discrimina cuánto se gasta en este tipo de establecimientos, y corre a cuenta de cada provincia divulgar o no esos datos. La Iglesia cuenta además con exenciones impositivas: el clérigo no paga Impuesto a las Ganancias ni IVA, un beneficio que se extiende a otras entidades religiosas, pero no a todas.



Dado que el Estado argentino es laico, el culto que profesen los políticos no puede interferir a la hora de adoptar políticas de estado. En discusiones que giran en torno a la salud pública, como la despenalización del aborto, la religión no debe formar parte del abanico argumentativo de los funcionarios públicos.

Existen iniciativas de todo el arco ideológico que proponen terminar con los privilegios a la iglesia y establecer la separación íntegra entre el Estado y la religión, algo muy lejano en la Argentina de hoy. Los diputados del FIT, Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra presentaron un proyecto para que se deroguen las normas que establecen el financiamiento estatal de la Iglesia.

En la misma línea, el sábado a las 16 en el Obelisco -con el hashtag #ChauPrivilegios-, Estudiantes Por la Libertad, una organización de jóvenes que tiene como objetivo divulgar las ideas de la libertad, buscará poner en agenda el gasto millonario que el Estado hará para financiar a la Iglesia Católica durante el año 2018.

“La finalidad es poner en relieve la situación de privilegio que la Iglesia Católica tiene frente a los demás cultos, ya que es la única que en la actualidad  recibe fondos públicos”, subrayó Cristian Moreno, coordinador de la organización en la Capital Federal y en la Provincia de Buenos Aires. “Proponemos que cada religión se financie a sí misma mediante contribuciones voluntarias de sus adeptos, en vez de poner esta carga sobre los hombros de los contribuyentes en su totalidad”, agregó.

“Debe cambiarse la personería jurídica de la Iglesia Católica a persona jurídica privada, como sucede con las demás religiones”



* Por Bruno Costanzo, con la colaboración especial de Nicolás Albertini