El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este viernes por la mañana que el Gobierno Nacional decidió "restituir a la Administración de Parques Nacionales dos hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi" que la gestión anterior había entregado a una agrupación política "cercana al excandidato Juan Grabois".

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni cuestionó la "entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo" a agrupaciones políticas y a "presuntas comunidades indígenas sin demostrar pertenencia a comunidades originarias", y remarcó que "los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer a un grupo cercano al poder de turno".

En este sentido, el vocero reveló que durante la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner "se reconocieron a 221 comunidades indígenas sin demostrar pertenencia a comunidades originarias" y que "81 de estas se hicieron en los últimos 16 días de gestión".

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"Los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer a un grupo cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina", cerró.

Según Adorni, la entrega a la que hizo referencia en su conferencia fue otorgada por "el gobierno anterior" a una agrupación política denominada Fundación Arcángel San Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad. 

En esta línea, el funcionario del Ejecutivo aseguró que esta organización era "dirigida por un militante del Movimiento Popular La Dignidad llamado Franco de Lavalle, un abogado cooperativista cercano al excandidato a presidente Juan Grabois, quien fue también director de Inclusión Financiera del ministerio de Economía entre abril y diciembre de 2023".

En otro orden de cosas, el portavoz presidencial adelantó que el lunes el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, van a "presentar los cambios en el Código Procesal Penal Federal" que van a "significar un hito en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado".

"Uno de los cambios más importantes es que los fiscales van a investigar más y mejor y los jueces van a decidir más rápido porque todos los casos se van a resolver en audiencias orales y públicas y sin expedientes escritos que se acumulan en los diferentes juzgados", remarcó.